Abelardo y la paradoja colombiana

La búsqueda de una nación entre la continuidad institucional y la demanda de orden

Las independencias latinoamericanas no fueron, en su origen, procesos impulsados por una conciencia nacional ampliamente extendida, sino que surgieron de la conjunción de aspiraciones e intereses de unas élites criollas privilegiadas, influidas en distinta medida por la Ilustración y el liberalismo europeo. Estas élites promovieron la ruptura con una autoridad monárquica cuya legitimidad habían contribuido a sostener y convocaron a sus sociedades a luchar por la independencia de entidades políticas cuyos límites, identidad y futuro común aún estaban por definirse. Genuinamente inspirados por las ideas de la ilustración y el liberalismo europeo -de fuente mirandina, en el caso de O’Higgins- o motivados por la necesidad de recuperar los espacios de poder político restringidos por las reformas borbónicas, el hecho es que una vez conseguida la independencia política comenzó para las nuevas Repúblicas americanas la dura tarea de definir quiénes eran y hacia dónde querían llevar aquel idealizado porvenir.

La independencia no fue simplemente el resultado del deseo de libertad de naciones existentes sino uno de los procesos que ayudó a crearlas, por lo que el primer siglo de vida de los nuevos países americanos estuvo marcado por la necesidad de establecer los límites de esas entidades y aproximarse luego a una concepción compartida de lo nacional, creando una conciencia de comunidad, símbolos y puntos de reunión, así como las características del camino que se deseaba recorrer. Desde la idea de “civilización o barbarie”, que excluía a las culturas originarias como parte de ese futuro ideal, a la lucha entre conservadores y liberales, laicos y religiosos, unitarios y federales, autoritarios y democráticos -en los términos decimonónicos de la palabra- a lo largo y ancho de las Américas se dio una fuerte batalla por esa definición. Colombia es uno de los ejemplos más reveladores de esa búsqueda.

Tras la desintegración de la Gran Colombia en 1831, la nueva República atravesó profundas y sucesivas disputas sobre la organización del Estado, en las que el enfrentamiento entre liberales y conservadores expresó diferencias ideológicas reales, pero también rivalidades regionales, intereses económicos y enfrentamientos por la definición, naturaleza, orientación y control del poder.

La Constitución federal de 1863 representó el intento más ambicioso del liberalismo radical de organizar el país mediante una amplia autonomía regional. Sus defensores buscaban limitar el poder central y garantizar las libertades individuales; sus críticos consideraban que aquel sistema dificultaba la gobernabilidad y favorecía la fragmentación política. Tras una nueva guerra civil en 1885 en la que, esta vez, los liberales son derrotados, la llamada “Regeneración” encabezada por Rafael Núñez y los conservadores respondió a esa crisis con un proyecto de signo contrario. La Constitución de 1886 estableció un Estado unitario, reforzó la autoridad presidencial y otorgó a la Iglesia católica una posición privilegiada en la vida pública. Colombia consiguió así un marco institucional duradero, pero la estabilidad constitucional no eliminó los conflictos políticos ni las profundas divisiones sociales.

La Guerra de los Mil Días, entre 1899 y 1902, y la separación de Panamá en 1903 mostraron los límites de aquella construcción nacional. El país conservaba sus instituciones republicanas, pero seguía sin resolver plenamente las tensiones entre sus regiones, sus partidos y sus diferentes concepciones del poder.

Durante las primeras décadas del siglo XX, el crecimiento de la economía cafetera, la expansión de las comunicaciones y la urbanización transformaron progresivamente la sociedad. Sin embargo, la modernización económica convivió con una elevada concentración de la tierra y la riqueza, desigualdades territoriales y dificultades para incorporar a nuevos sectores sociales a la vida política. La continuidad institucional lograda por la Constitución de 1886 no equivalía, por tanto, a una integración nacional completa.

La paradoja colombiana es precisamente que la continuidad formal de las instituciones republicanas nunca logró la integración política y social de la nación. La independencia creó el Estado, las guerras civiles disputaron su forma, la modernización transformó la sociedad, pero la inclusión política siguió siendo incompleta. Mientras buena parte de América Latina entraba y salía de dictaduras de izquierdas y derechas, la Democracia colombiana se mantenía como un modelo de continuidad electoral en la región, pero buena parte de su territorio se mantenía bajo el control efectivo de las guerrillas marxistas, llegando a tener casi el 40% del país bajo su mando a comienzos de los 2000, tras el desastre de los diálogos de San Vicente del Caguán impulsados por el Gobierno del presidente Andrés Pastrana.

El asesinato del liberal Jorge Eliécer Gaitán, el 9 de abril de 1948, y el Bogotazo marcaron un punto de inflexión en la historia colombiana. Gaitán había construido un liderazgo popular que cuestionaba las estructuras tradicionales del poder y expresaba las aspiraciones de sectores que reclamaban una participación política más amplia. Su muerte desencadenó una explosión de violencia y agravó una crisis partidista que ya estaba en marcha. En las décadas siguientes, los conflictos rurales, las disputas ideológicas y el abandono definitivo de la vía democrática por parte de amplios sectores de la izquierda contribuyeron al surgimiento y consolidación de organizaciones guerrilleras, entre ellas las FARC, fundadas formalmente en 1964.

A esa violencia -o amparados en ella- se sumaron posteriormente el narcotráfico, los grupos paramilitares y las redes criminales, que agravaron la inseguridad, erosionaron las instituciones y profundizaron las fracturas sociales. Como se ha dicho, Colombia desarrolló durante buena parte de este período una continuidad electoral poco habitual en una región donde proliferaron las dictaduras militares. Sin embargo, esa continuidad coexistió con graves limitaciones en el ejercicio efectivo de la autoridad estatal, con territorios sometidos a diferentes formas de control armado y con una democracia cuya capacidad de garantizar seguridad y participación política fue desigual.

La paradoja colombiana comenzó ahora a adquirir así una nueva manifestación: un país capaz de preservar sus instituciones electorales, pero no de gobernar efectivamente sobre todo su propio territorio.

La historia reciente de Colombia ha estado marcada por distintas estrategias para enfrentar el conflicto armado. La política de seguridad democrática de Álvaro Uribe, las negociaciones que culminaron en el acuerdo de paz con las FARC durante el gobierno de Juan Manuel Santos y el regreso al camino de la negociación impulsados por Gustavo Petro respondieron a diagnósticos diferentes sobre las causas de la violencia y los medios para superarla, pero ninguna de estas estrategias ha eliminado por completo el problema. Las negociaciones pueden abrir oportunidades para la desmovilización y la integración política, pero también enfrentan dificultades cuando los grupos armados conservan capacidad territorial, recursos económicos y estructuras de reclutamiento. Las políticas de seguridad pueden recuperar espacios y debilitar organizaciones violentas, pero requieren instituciones capaces de sostener los resultados y garantizar el Estado de derecho.

La política de “Paz Total” del gobierno de Petro pretendió ampliar las posibilidades de negociación con diferentes actores armados. Sin embargo, sus resultados, las dificultades de implementación, la persistencia de la violencia y una legitimación de sus causas alimentaron críticas entre quienes consideraban que las concesiones y los ceses al fuego no estaban produciendo mejoras suficientes en la seguridad de la población, más bien al contrario. En ese contexto debe entenderse el desgaste político del gobierno y la creciente demanda de resultados concretos en materia de seguridad, autoridad y control territorial. No se trata necesariamente de que Colombia sea un país ideológicamente de derechas, sino de que una parte importante de su electorado ha mostrado una fuerte preocupación por el orden, la estabilidad y la capacidad del Estado para hacer cumplir las reglas.

El triunfo electoral de Abelardo de la Espriella puede interpretarse como una expresión de esa demanda, pero sería insuficiente explicarlo únicamente como parte de una marea conservadora continental o como un rechazo automático al gobierno de Petro. La elección debe entenderse en el marco de la historia política colombiana y de las expectativas que los ciudadanos depositan en el Estado.

El primer factor es el desgaste del gobierno y el rechazo a la confrontación permanente. El Pacto Histórico representó una alternativa política novedosa por la amplitud de su coalición y por su capacidad de movilizar a sectores que reclamaban transformaciones sociales. Sin embargo, el ejercicio del poder exige construir mayorías, negociar con instituciones y sectores diversos y distinguir entre las aspiraciones de una base electoral y las preferencias del conjunto de la sociedad. Cuando un gobierno interpreta el desacuerdo como una manifestación de hostilidad moral o política, corre el riesgo de profundizar la distancia con quienes no comparten su proyecto. La elección de un candidato de signo contrario puede expresar, en ese contexto, el deseo de poner fin a una etapa de confrontación.

El segundo factor es la inseguridad y el cuestionamiento a la estrategia de negociación con los grupos armados. Después de décadas de conflicto, una parte del electorado puede considerar que la negociación solo es legítima si produce avances verificables en la reducción de la violencia, el desmantelamiento de las organizaciones armadas y la protección de la población. La persistencia de los ataques, el reclutamiento y la disputa por territorios puede erosionar la confianza en una política de paz cuando sus resultados no corresponden a las expectativas generadas. El apoyo a una propuesta más firme puede interpretarse como una demanda de eficacia estatal, aunque no deba confundirse automáticamente con un rechazo a toda negociación futura.

El tercer factor es la disputa por la memoria histórica y la identidad nacional. La historia, los museos y las instituciones culturales no son espacios políticamente neutros: contribuyen a definir qué acontecimientos se recuerdan, qué figuras se reconocen y cómo una sociedad interpreta su pasado. Las iniciativas del gobierno de Petro que fueron percibidas por sus críticos como una reivindicación unilateral de determinadas tradiciones políticas o movimientos armados pudieron generar rechazo entre quienes consideraban que el patrimonio nacional debía representar una pluralidad de experiencias y no convertirse en instrumento de legitimación partidista. La discusión no debería consistir en sustituir un relato oficial por otro, sino en garantizar que las instituciones culturales promuevan el conocimiento histórico, el debate y la pluralidad.

El cuarto factor es la búsqueda de renovación política sin renunciar a la autoridad del Estado. El desgaste de los partidos tradicionales y de figuras históricas del uribismo abrió un espacio para liderazgos que se presentaban como alternativas al sistema político existente. De la Espriella pudo capitalizar esa demanda de renovación y combinarla con un discurso de orden, autoridad y firmeza frente a los grupos armados. Esa combinación encierra una tensión y una nueva paradoja: los electores pueden buscar un liderazgo ajeno a las estructuras tradicionales precisamente para recuperar la confianza en las instituciones.

Así, el triunfo de De la Espriella plantea una cuestión que trasciende la coyuntura electoral: ¿puede un candidato de estilo personalista y de discurso duro convertirse en el instrumento de una demanda de institucionalidad?

La respuesta dependerá menos de su retórica que de sus decisiones de gobierno. La autoridad del Estado no se fortalece únicamente mediante la imposición de orden, sino también mediante la capacidad de aplicar la ley de forma imparcial, proteger los derechos, garantizar la seguridad y someter el ejercicio del poder a controles institucionales.

Si la ciudadanía ha votado por una recuperación de la estabilidad, el nuevo gobierno deberá demostrar que puede ofrecerla sin reproducir la confrontación que contribuyó al desgaste de su antecesor. Combatir a las organizaciones armadas, recuperar el control territorial y hacer cumplir la ley son objetivos compatibles con la democracia; convertir al adversario político en enemigo del Estado no lo es.

La paradoja es que un outsider puede ser elegido para fortalecer las instituciones que critica, pero también puede debilitarlas si confunde el mandato electoral con una autorización ilimitada para gobernar. La renovación política solo será efectiva si produce mejores resultados públicos y una convivencia institucional más sólida.

Colombia lleva dos siglos intentando resolver una cuestión que la independencia dejó abierta: cómo construir una comunidad política capaz de integrar sus diferencias sin recurrir permanentemente a la violencia. La Constitución de 1886 proporcionó continuidad institucional; la modernización transformó la sociedad; los acuerdos de paz intentaron cerrar ciclos de conflicto; y las elecciones han permitido alternar proyectos políticos.

Pero ninguno de esos procesos ha eliminado por sí solo las tensiones entre autoridad y libertad, seguridad y participación, unidad nacional y pluralidad social.

Quizá esa sea la clave para comprender la historia colombiana: no se trata simplemente de un país de derechas o de izquierdas, sino de una sociedad que sigue buscando una fórmula para combinar reformas, estabilidad, seguridad y legitimidad democrática.

En esa búsqueda aparece la última paradoja: los colombianos pueden recurrir a un liderazgo disruptivo para reclamar orden institucional. Que esa expectativa se convierta en una recuperación efectiva del Estado de derecho, y no en una nueva concentración personalista del poder, será la verdadera medida del éxito de la experiencia política que comienza.